Reglamento (CE) n° 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, que modifica el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 26, 95, 133 y 135,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1) El Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo (3) establece las normas relativas al tratamiento aduanero de las mercancías importadas o destinadas a la exportación.

(2) Es necesario establecer un nivel equivalente de protección en los controles aduaneros de las mercancías que entran y salen del territorio aduanero de la Comunidad. Para alcanzar este objetivo, es necesario establecer un nivel equivalente de controles aduaneros en la Comunidad y garantizar una aplicación armonizada de los mismos por los Estados miembros, que son los principales responsables de la aplicación de tales controles. Los controles deben basarse en unas normas y criterios de riesgo, definidos de común acuerdo, para la selección de mercancías y operadores económicos, a fin de minimizar los riesgos a que están expuestos la Comunidad y sus ciudadanos y los socios comerciales de la Comunidad. Los Estados miembros y la Comisión deben, por tanto, instaurar en el ámbito comunitario un marco de gestión de riesgos que sustente un planteamiento común, de modo que se asegure una fijación efectiva de las prioridades y una asignación eficiente de los recursos, con vistas a mantener un justo equilibrio entre los controles aduaneros y la facilitación del comercio legítimo. El citado marco debe, asimismo, establecer criterios comunes y requisitos armonizados en relación con los operadores económicos autorizados y garantizar una aplicación armonizada de tales criterios y requisitos. El establecimiento de un marco de gestión de riesgos común a todos los Estados miembros no debe impedir a éstos llevar a cabo controles in situ de las mercancías.

(3) Los Estados miembros deben conceder el estatuto de operador económico autorizado a cualquier operador económico que cumpla criterios comunes relativos a los sistemas de control de los operadores, a la solvencia financiera y al documento de conformidad. El estatuto de operador económico autorizado concedido por un Estado miembro debe ser reconocido por los otros Estados miembros, pero no confiere el derecho a beneficiarse automáticamente en los otros Estados miembros de las simplificaciones previstas en las normas aduaneras. Sin embargo, los otros Estados miembros deben permitir el uso de simplificaciones por parte de los operadores económicos autorizados a condición de que cumplan todos los requisitos específicos para el uso de las simplificaciones particulares. Al considerar una solicitud de utilizar simplificaciones, los otros Estados miembros no están obligados a repetir la evaluación de los sistemas de control del operador, la solvencia financiera ni el documento de conformidad, que habrán sido completados ya por el Estado miembro que concedió al operador el estatuto de operador económico autorizado, pero deben asegurarse de que se cumplen todos los demás requisitos específicos para el uso de las simplificaciones particulares. El uso de simplificaciones en otros Estados miembros puede también ser coordinado mediante acuerdo entre las autoridades aduaneras interesadas.

(4) Las simplificaciones en virtud de las normas aduaneras deben seguir entendiéndose sin perjuicio de los controles aduaneros según lo definido en el código aduanero comunitario, especialmente los controles en materia de seguridad. Tales controles son responsabilidad de las autoridades aduaneras y, aunque el estatuto de operador económico autorizado debe ser reconocido por esas autoridades como factor durante el análisis de riesgo y en la concesión de cualquier facilitación al operador económico por lo que se refiere a controles en materia de seguridad, el derecho a controlar debe seguir existiendo.

(5) Las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión deben compartir la información relativa a los riesgos conexos a las mercancías importadas y exportadas. A tal fin, debe establecerse un sistema común seguro que permita a las autoridades competentes acceder a tal información, transferirla e intercambiarla en el momento oportuno y de manera eficaz. Dicha información podrá, asimismo, compartirse con terceros países si así lo prevé un acuerdo internacional.

(6) Se deben especificar las condiciones en que es posible comunicar la información que facilitan a las aduanas los operadores económicos a otras autoridades del mismo Estado miembro, a otros Estados miembros, a la Comisión o a las autoridades de terceros países. A tal fin, debe indicarse claramente que la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4), y el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (5), se aplican al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes, así como de cualquier otra autoridad que reciba datos de conformidad con el código aduanero comunitario.

(7) Al objeto de hacer posibles unos controles adecuados en función del riesgo, es necesario establecer la obligación de presentar información previamente a la llegada o a la salida con respecto a todas las mercancías que entren en el territorio aduanero de la Comunidad o salgan de él, a excepción de aquellas que lo atraviesen por vía aérea o marítima sin hacer escala en él. La citada información debe estar disponible antes de que las mercancías entren en el territorio aduanero comunitario o salgan de él. La fijación de diferentes plazos y normas es posible en función del tipo de mercancías, de transporte o de operador económico, o del establecimiento de dispositivos de seguridad específicos en acuerdos internacionales. A fin de evitar posibles lagunas de seguridad, es preciso imponer también la mencionada obligación para las mercancías que entren en una zona franca o salgan de ella.

(8) Resulta oportuno, por tanto, modificar en consecuencia el Reglamento (CEE) no 2913/92.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

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